La sociedad venezolana marca el paso: no se arrodilla ante los atropellos del Estado revolucionario, no se rinde ante el tamaño de las frustraciones económicas.

En un marco de graves problemáticas nacionales acumuladas por años, acentuada por alto riesgo de muertes cada día que pasa. En un ambiente permeado por la indefensión social en que sobre todo las regiones y sectores periféricos multiplican su sufrimiento. Puede llegar a ser retórico preguntarse ¿dónde están los derechos y la justicia? O tal vez una pregunta aún más ociosa ¿quién responde desde los organismos e instituciones?

Llegamos al tercer trimestre del año en el que las anomalías en áreas de afectación directa a los venezolanos, caso de adquisición de comida o de movilización (por carestía de la gasolina), completan vueltas completas en un círculo repetido matemática e infernalmente. Frente a ello los tiempos de posibles salidas o soluciones se convierten en espejismos inalcanzables y en el mejor de los casos, se presienten esfuerzos en la ruta de producir definiciones que son casi ecos fantasmales de una lógica que indica que la situación del país “no da para más”, como tanto se repite, pero que en las formas concretas y en el desarrollo de los meses, sencillamente continúa.

Recientemente un portavoz político de la estrategia del régimen revolucionario, esa que consiste en inflar una parcela de partidos minoritarios supuestamente opositores, manifestó en relación a la integración del CNE (como mecanismo constitucional de organización de elecciones presidenciales competitivas, justas, libres y transparentes) que: “ciertamente la Constitución dice que el CNE lo nombra la Asamblea Nacional… pero la realidad es la realidad”. La nota que tomamos de Caraota Digital, de fecha 9 de octubre, complementa: “Zambrano no dio explicaciones. Pero dejó entrever que los de la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pueden influir en la escogencia de los rectores. Algo que no puede ser tan alejado a lo que ocurre actualmente porque la directiva del CNE sigue la línea del régimen de Nicolás Maduro”. Es decir, eso que muchos entienden como la naturaleza de la política pero que en el ejercicio de los 20 años que vivimos del proyecto de la revolución esa “realidad” (entendida según quien la invoque) ha servido como una inmensa PLASTILINA que permite -al estirar- todo lo que sea posible para el Gobierno y sus aliados, pero no para el conjunto del país, quienes deben someterse a las más absurdas y patéticas justificaciones de ley, para que al final no se cumplan normativas, ni ningún elemento del Estado democrático, ni de derecho. En eso pasamos los años, vapuleados por la arbitrariedad y la pobreza.

Suministro por terminal de placa

La POLÍTICA, entonces, parece entenderse, en óptica de algunos, como el tránsito de movimientos y piruetas, donde la esencia del asunto al que se pretende otorgar respuestas le toca esperar o ceder, aun no pudiendo. La cultura de la restricción se impone, la impulsa el cálculo revolucionario. Establece el régimen que la normalidad no es la urgencia en las soluciones (por mucho que esta tenga lógicamente sus pasos y lapsos), no es la LIBERTAD en el accionar como cauce natural: es todo lo contrario y debemos adaptarnos. A la inercia, la parálisis; el silencio en el ritmo de la crisis que reproduce carencias y males. Enfermedades, falta de medicinas, implosión de los servicios públicos, desaparición del trabajo o la desesperación por obtención de productos alimenticios tal como son los hechos en la REALIDAD ciudadana que si puede tocarse.

Puede entenderse el desfase, la disrupción, en ese discurso POLÍTICO y el duro acontecer de los días para la gente. Sin embargo y afortunadamente, la movilización y el reclamo social no cesan, se hacen presentes con signos de acometer su propia identidad, propósitos y agendas en un escenario complejo y con estridencia de voces de distintos signos en compases variados de la justificación “política”.

Los docentes protestaron en todo el país por las condiciones laborales y por el rescate de la educación como instrumento de transformación y desarrollo. No fueron los únicos, también los empleados del sector público y la comunidad universitaria. Reflejado en los números del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social para el pasado mes de septiembre con la existencia de 708 protestas que aunque menor, en comparación al lapso del año pasado, proporciona un elemento significativo que la nota completa aparecida en Correo del Caroní del 15 de octubre, otorga justa relevancia: “La exigencia de derechos ciudadanos no es solo de una región, ocurre en todo el país. Quienes se han quedado en Venezuela no lo hacen de brazos cruzados, sino que han sido persistentes en exigir vivir con dignidad, en libertad y democracia”. No funciona por lo tanto el suministro por placas en el requerimiento de la sociedad en sus distintas facetas como se hace con la crisis de combustible, ese círculo vicioso forjador del conformismo más que de exigencias de soluciones.

El poder conforme a derechos y preeminencia del legislativo

La sociedad venezolana marca el paso: no se arrodilla ante los atropellos del Estado revolucionario, no se rinde ante el tamaño de las frustraciones económicas y la espiral de carencias. Extraña, no es concordante que los últimos estudios de opinión nacional -el periodista Eugenio Martínez refirió estas semanas las encuestas de Datanalisis y More Consulting- proyectan la valoración negativa de Maduro de 83% (“el deterioro de la imagen de Maduro en 6 años se relaciona con el caos y deterioro del país”. Subraya el comunicador en hilo de tuits de su cuenta en la red social) y a la par de un dato tan contundente, persistan voces en endosar la acción por el rescate del orden constitucional asociado a algún “realista” vaivén burocrático. Sin firmeza para exigir o aplicar en stricto sensu el cumplimiento de las leyes, siempre en el afán del “muñequeo” político que no muestra coraje para acompañar a la ciudadanía en los pasos determinantes de la presión interna que integre la solidaridad expresada por la comunidad internacional.

La Asamblea Nacional (y Juan Guaidó) no es instrumento menor para acuerdos sobre un gobierno, más o menos bueno, con rostros nuevos y amigables que sustituyan la presente usurpación. El Parlamento es el último espacio de requisito democrático, para impulsar el reencuentro con el sistema de libertades, separación de poderes, derechos humanos y elecciones libres, que ha sido secuestrado por el proyecto totalitario del socialismo del siglo XXI. A la instancia parlamentaria, está por demás decir, se deben sus diputados, dirigencias y el país. No puede haber, como en nuestro estado Bolívar, múltiples agendas inútiles y disgregadoras. Cuando los aires de fin de año comienzan a sentirse y la claustrofobia por la incertidumbre de las metas nutre su espesor, todos los esfuerzos de factores de la sociedad deben enfilarse a reafirmar la necesidad de vencer la pesadilla revolucionaria. Todo el acopio de fuerzas debe estar centrado en la firmeza de los pasos, las acciones y el temple para ponerle fin al sufrimiento que reduce a los venezolanos.

Trocitos…

- ¿Qué aprobó el Consejo estadal de planificación y políticas públicas efectuado el pasado 3 de octubre en Ciudad Bolívar? La escasa referencia pública destaca asistencia del etéreo gobernador y las no menos ánimas en pena de alcaldes, diputados regionales, organismos nacionales, ANC, para presentar los planes del estado Bolívar del lapso 2018-2021. No se conoce si allí se reconfiguró el reparto de las minas, mencionado posteriormente por el mandatario nacional usurpador.

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