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Venezuela logró convertirse, este jueves, en uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022, pese al rechazo manifiesto de varios países de la región y organizaciones no gubernamentales que habían advertido que la nación no debía ocupar un asiento debido a las políticas represivas de la administración de Nicolás Maduro y el negativo historial del país en materia de derechos humanos.

Venezuela obtuvo 105 votos y aspiraba uno de los dos asientos dispuestos para América Latina y el Caribe, junto a Brasil y Costa Rica. Brasil obtuvo 153 votos y se convirtió en la segunda representación de la región, mientras que Costa Rica acumuló 96 apoyos, que la dejaron fuera.

Los otros doce miembros elegidos son Libia, Mauritania, Namibia y Sudán, que han ocupado los cuatro asientos africanos; Indonesia, Japón, Islas Marshall y Corea del Sur, para los cuatro de Asia-Pacífico; Armenia y Polonia, por Europa del este; y Alemania y Países Bajos, por Europa occidental, reportaron agencias internacionales.

Organizaciones no gubernamentales nacionales habían rechazado que la administración de Nicolás Maduro presentara una candidatura a la instancia por la continua violación de los tratados de derechos humanos, en momentos en que el país sufre una crisis humanitaria compleja. Este jueves ratificaron su oposición y destacaron que la elección “no es una victoria” para el país, como indicó el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

La oenegé sostuvo, a través de un comunicado, que aunque el gobierno se apresuró a anunciar su ingreso como una victoria, este hecho no le exonera de sus obligaciones y responsabilidades derivadas del derecho internacional de los derechos humanos por el que se rige la ONU.

“El gobierno de facto se encuentra ante el hecho de que el cumplimiento de su deber de cooperar con el Consejo de Derechos Humanos y con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, será evaluado por sus pares en el consejo, al igual que su deber de cooperar con los relatores y los grupos de trabajo independientes cuyos informes son presentados ante el consejo. En tanto que miembro del consejo, no podrá impedir que sea evaluado sobre su deber de colaborar de buena fe con ese órgano”, explicó Provea.

Destacó, además, que la mayoría de los miembros del Consejo de DD HH tienen democracias con valores antagónicos a la dictadura venezolana, lo que complicará la posibilidad del gobierno de Maduro de “patear el tablero” como ocurrió con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Les quedará muy difícil dar la talla en el consejo porque su lógica no es dialogante sino propagandística, no es actuar de buena fe sino maniobrando para evitar el escrutinio internacional y ganar tiempo, no le importan los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas sino perpetuarse en el poder a costa del sufrimiento de la población”, agregó.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello consideró, a través de su cuenta en Twitter @CDH_UCAB, que el desempeño de Venezuela será “obstaculizar la labor del órgano, como siempre lo ha hecho. Ahí estaremos para denunciar sus maniobras contrarias a los DD HH”.

Las organizaciones no gubernamentales habían abogado por que se negara un asiento al gobierno de Nicolás Maduro en el órgano de la ONU como un mensaje claro de rechazo a la violación de los derechos humanos en el país, plasmada en el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) señaló que la elección de Venezuela “la somete a una supervisión más cercana de la comunidad internacional, sobre todo por parte de la misión de determinación de los hechos establecida para el país por el propio consejo” y reiteró que el gobierno de Maduro no cumplió con los requisitos para ser electa. “Durante años no ha cooperado con las agencias de protección ni ha cumplido con los estándares internacionales, ni las recomendaciones efectuadas por los organismos”, informó.

En días previos a la elección, Cepaz había advertido sobre las razones por las cuales Venezuela no debía ser electa y destacaba, entre otras causas, que el gobierno de Maduro no ha implementado la recomendación del informe de Bachelet para disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y se establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales.

Apuntaban que el gobierno no ha dado soporte y apoyo a la sociedad civil para evitar las represalias por hacer su trabajo y ha impedido que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) obtengan las cifras oficiales y la información necesaria para que sus acciones sean efectivas, a la par de que se ha pretendido descalificar y criminalizar su trabajo.

Pese al rechazo, Maduro calificó la elección del país como una “victoria de la diplomacia de paz, de la diplomacia bolivariana”. “Enfrentamos el complot y la conspiración del Gobierno de EE UU, una campaña de presión, de persecución contra los gobiernos y países del mundo, pero no pudieron”, aseveró en un acto transmitido en cadena nacional desde el estado Vargas.