El octavo mes del año cerró con 57 violaciones a la libertad de expresión, que corresponden a 23 casos, entre los que destacan la intimidación, la censura y el hostigamiento, detalló la ONG Espacio Público en su último informe.

El octavo mes del año cerró con 57 violaciones a la libertad de expresión, que corresponden a 23 casos, entre los que destacan la intimidación, la censura y el hostigamiento. Los principales afectados siguen siendo los periodistas, medios y ciudadanos quienes constantemente son afectados por funcionarios, cuerpos de seguridad y las instituciones.

Con las cifras de agosto suman 845 violaciones en el transcurso del año, intensificando los niveles de abuso según el contexto informativo y los intereses del poder para silenciar la expresión de los venezolanos.

La impunidad de los grupos violentos

En al menos cuatro de los casos que ocurrieron este mes, los victimarios fueron grupos de civiles violentos, quienes actúan muchas veces, a la vista de los cuerpos de seguridad sin que resulten castigados por ser responsables de las agresiones. Estos hechos cumplen un patrón progresivo de naturalización de la violencia, y la falta de castigo a los responsables fomenta la impunidad.

El pasado 23 de septiembre, en San Cristóbal, estado Táchira, los trabajadores de la planta transmisora de Radio Mundial 860 AM y Radiodifusora Cultural del Táchira 1190 AM fueron amenazados por civiles armados, quienes permanecieron apostados durante largo rato frente a las instalaciones de la radio. El personal que estaba de guardia en la estación radial tras observar la situación, enfrentaron a los sujetos y les exigieron que dejaran el lugar, pero éstos se retiraron luego de la llegada de las comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Policía del estado Táchira que acudieron al sitio luego de que el director de Radio Mundial, Nelson Vinicio Chacín Fernández, denunciara al aire el ataque que estaban sufriendo.

Detenciones

Luego de que denunciaran a los medios de comunicación las condiciones laborales a las que son sometidos en la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), Nancy Vaca, Omar Silva, Freddy Navarro, Jackelin Rodríguez, Octavio Pereira y Ortencia López fueron apresados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado 4 de septiembre en Maracay, estado Aragua.

Los funcionarios de la Dgcim llegaron a primera hora a la empresa y luego llamaron a los trabajadores a la oficina de Recursos Humanos, los trasladaron a la sede de la Dgcim en Maracay donde fueron interrogados luego de revisarles sus teléfonos celulares.

“Por trasladar material subversivo” funcionarios de la PNB detuvieron la tarde del jueves, 19 de septiembre, al trabajador de la industria gráfica, José Guillermo Mendoza. La impresión de la promoción del CD musical Ministro: Cuál es su trabajo? -un extraño tributo al punk venezolano de la banda Agente Extraño, promovido por las ONG Provea, Redes Ayuda y Humano Derecho Radio.

Mendoza fue trasladado a la sede de la PNB en El Helicoide siendo liberado el viernes 20 de septiembre tras permanecer 18 horas siendo sometido a interrogatorios. El equipo legal de Provea se trasladó a la sede del organismo luego de que se les solicitara presentarse para explicar el origen del material, sin embargo, quedaron a la espera de que los dejaran entrar.

Agredidos y hostigados

Los periodistas Wandort Dumont de 800 Noticias y Stefany Brito de El Nacional fueron amenazados mientras hacían la cobertura de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) por un sujeto desconocido, el martes 24 de septiembre.

Dumont y Brito transmitían la intervención del diputado Darío Vivas, cuando una empleada de la Asamblea Nacional Televisión (ANTV) se exaltó mientras le reclamaba al diputado ser el culpable de robarse el presupuesto y los equipos de la televisora de la AN y de despedir a los trabajadores que la fundaron. Mientras eso sucedía una trabajadora oficialista le reclamó a quien protestaba, Dumont abrió la toma para mostrar lo que estaba sucediendo cuando un sujeto desconocido lo hostigó pidiéndole que dejara de grabar.

Prohibido denunciar

El Tribunal Penal Tercero de Control de San Juan de los Morros ordenó el pasado martes 9 de septiembre una medida que le prohíbe a Wilmer Quintana hablar o publicar denuncias referente a los casos de corrupción con las cajas de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) en el estado Guárico.

El documento además de ordenar su excarcelación expresa que es una medida cautelar “menos gravosa” además de exhortarle a “estar atento al proceso” y prohibirle la publicación “o hacer comentarios en redes sociales relacionadas con las víctimas”.

Quintana fue arrestado el 12 de julio por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en la capital de Guárico. Había recibido el 19 agosto una medida de arresto domiciliario, luego de permanecer detenido 37 días por denunciar en redes sociales casos de corrupción en la distribución de gas doméstico y las bolsas de alimentos de los CLAP, en San Juan de los Morros, estado Guárico.

El sistema de justicia se muestra incompetente para procurarla, pasando por alto que no solo vulneran drásticamente la libertad de pensamiento y opinión del periodista o infociudadano sino que afectan de manera colectiva el derecho que tiene toda la sociedad de dar y recibir información. (Espacio Público)

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